Transcriptores de audios online: Utilidad y Riesgos

Los taquígrafos nunca llegaron a las salas de los tribunales orales en Chile. A cambio, la tarea quedó, en general, en manos de los propios jueces. En ese escenario, la irrupción de transcriptores automáticos —cada vez más frecuentes— parece una buena noticia: una tarea mecánica y demandante en tiempo se delega a la máquina, y el juez recupera atención para lo sustantivo de la inmediación y la valoración probatoria.

Ahí asoman las ventajas: continuidad del debate sin interrumpir el flujo para “tomar nota”, mejor acceso a los registros para impugnaciones y recursos, y menos carga mecánica para jueces. Pero el punto neurálgico son los riesgos, que no se agotan en un genérico “cuidado con la privacidad” y conviene nombrar con precisión:

1. Confidencialidad y secreto: audios con datos sensibles (víctimas, menores, salud, direcciones, estrategias defensivas) no pueden quedar expuestos a terceros ni a modelos entrenados con ese material.

2. Reutilización y entrenamiento: muchos servicios —gratuitos o de bajo costo— se reservan el derecho de usar “datos de usuario” para mejorar sus sistemas. Aunque se prometa anonimización, siempre existe riesgo de reidentificación por contexto.

3. Localización y soberanía del dato: subir audios a nubes alojadas fuera del país expone el material a leyes foráneas de acceso y a órdenes administrativas o judiciales extranjeras.

4. Dependencia y continuidad operacional: cambios unilaterales en precios, caídas del servicio o cierres de cuentas no pueden detener un juicio. La justicia no puede quedar “en lock-in” de un proveedor.

5. Cumplimiento normativo: tratamiento de datos personales, plazos de retención y eliminación, controles de acceso, perfiles de usuario y registros de auditoría deben estar definidos por norma y política, no por los Términos del Servicio de una empresa.

Frente a ese mapa de riesgos, la alternativa más coherente con la función jurisdiccional es privilegiar transcriptores locales, en el propio computador o red del tribunal, que operen offline. Un modelo así reduce la exposición, permite políticas de retención claras (qué se guarda, cuánto y quién lo borra). El audio completo sigue siendo el soporte madre; la transcripción, una vista de trabajo con valor para la redacción de los fallos judiciales.

Modernizar no es opcional; hacerlo sin perder garantías sí es el verdadero estándar. Si vamos a liberar a los jueces de funciones menores —objetivo loable—, que sea con mínima superficie de ataque: datos bajo control del Poder Judicial, reglas claras de uso y verificación técnica de integridad. La tecnología entonces no reemplaza la inmediación: la restaura, devolviendo la mirada del juez al testigo y dejando a la máquina lo que mejor hace—escuchar y escribir—pero sin entregar el juicio a terceros.